Berta Cáceres, asesinada el 2 de marzo de 2016
Berta Cáceres receptora del premio Goldman el Nobel verde de más prestigio fue asesinada el 2 de marzo de 2016 en la ciudad La Esperanza, en Honduras. Ella era la Coordinadora General del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) opuesta a la construcción de una represa hidroeléctrica, de Desarrollos energéticos SA, DESA-Agua Zarca sobre el rio Gualcarque en Intibuca en el Oeste de Honduras, porque pone en peligro el agua vital y sagrada para el pueblo indígena Lenca. El asesinato de Berta Cáceres fue un revelador de la situación Hondureña, marcada por los efectos del modelo de desarrollo neoliberal extractivista que ha ampliado en los últimos 25 años las desigualdades sociales y la corrupción en ese país centroamericano.
Las elecciones del 26 de noviembre de 2017 son una oportunidad para enfrentar la situación, pero por la dimensión internacional de las políticas neoliberales la solidaridad con el movimiento ambientalista de ese país es crucial, sobre todo desde Canadá que participa activamente del modelo extractivista.
Un asesinato político
Esta semana se anunció la captura del octavo implicado en el asesinato su asesinato, (Óscar Aroldo Torres Velásquez). Entre otros detenidos hay dos militares uno activo y un militar retirado, además de un empleado de la Hidroeléctrica Agua Zarca y Douglas Geovanny Bustillo subjefe de seguridad de DESA. 
También está detenido el ex viceministro hondureño de recursos naturales y Ambiente Darío Roberto Cardona quien fue acusado de haber ampliado irregularmente la licencia ambiental del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. Se trata de un asesinato político. La compañía DESA es propiedad de Roberto David Castillo mejía un ex de la inteligencia militar del ejército.
El asesinato de Berta Cáceres ejemplifica el aumento en Honduras de la violencia social, producto de la pobreza, por un lado y, por otro lado, de la colusión y corrupción de multinacionales, empresas hondureñas y poder político con ventas de minas y concesiones hidroeléctricas. Un fenómeno que se exacerbó después del golpe de Estado institucional contra Manuel Zelaya en 2009. Es un fenómeno generalizado. Otro ejemplo, es la masacre de cinco activistas tolupanes de san Francisco Locomapa contra la minería y la tala ilegal. Un eujemplo de colusión es que el esposo de Gladis López del Partido Nacional y Vicepresidente del Congreso controla el proyecto hidroeléctrico los Encinos en el Oeste de Honduras dónde activistas han sido torturados y asesinados.
Global Witness, una ONG especializada en la lucha contra el pillaje de recursos naturales en los países en desarrollo y la corrupción política que la acompaña causó escándalo con su último informe publicado en enero de 2017. La ONG denunció que desde el golpe de Estado de 2009, 123 defensores de la tierra y del medio ambiente han sido asesinados. El informe agrega que las industrias extractivas apoyadas por elites políticas y empresariales y funcionarios corruptos están detrás del amedrentamiento que llega al asesinato de activistas del medio ambiente. Las violaciones de derechos humanos afectan principalmente los 1,27 millones de varios pueblos indígenas.
Extractivismo, corrupción y violación de DDHH.
Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras
Encastrado entre Guatemala, El Salvador y Nicaragua, Honduras es un país de 8 millones de habitantes, cuya economía, después de la crisis de 2008-2009, se recuperó por el viraje de un sector de la oligarquía hondureña por la industria extractiva multinacional y las concesiones hidroeléctricas. Se denuncia que Honduras ha entregado cerca del 35% de su territorio en concesión a empresas extranjeras y hondureñas en los últimos años. Al mismo tiempo el sector de la oligarquía ligado a la agricultura, su tradicional fuente de ingresos, sigue en crisis por la alta concentración de la tenencia de la tierra en pocas manos, la caída de precios en los productos de exportación, en especial bananos y café, además de los efectos adversos de catástrofes naturales y del cambio climático. En 2015 el PIB de Honduras creció en 3,6% y en 2016 el 3,5%. Se espera un crecimiento de 3,7% en 2017 de acuerdo a la CEPAL.
63% de la población hondureña vive en la pobreza
El crecimiento que privilegia el extractivismo se acompaña de la profundización de la exclusión y de la desigualdad social, ya tradicional en Honduras. De acuerdo a datos del Banco Mundial, el 63% de la población hondureña vivía en la pobreza en 2014. En las zonas rurales seis de cada diez hogares viven en la pobreza extrema o con menos de US$2,50 al día. Honduras es el país en 2016 con más pobreza de América latina, de acuerdo a la CEPAL.
A la desigualdad se agrega evidentemente un alto nivel de crimen y violencia por el crimen organizado. Honduras tiene una de las más altas tasas de homicidios del mundo (67 asesinatos por cada 100 mil habitantes en 2014).
El retorno de muchos inmigrantes ilegales a Honduras producto de la política anti-inmigrantes del gobierno Trump aumentará la pobreza por la disminución de las remesas de los expatriados y la violencia de las bandas organizadas cuyos miembros serán repatriados.
Washington es la potencia internacional dominante. Es el principal donante bilateral con 100 millones de dólares que, en lugar de ser destinados a erradicar la pobreza fueron destinados al ejército y la policía, que es la que más viola derechos humanos de acuerdo a la Prensa. Cuerpos estatales implicados en la violencia contra los activistas ambientales y de la tierra. La embajada estadounidense apoya las inversiones de empresas estadounidenses en las industrias extractivas de Honduras ligadas a los asesinatos de activistas ambientales.
Canadá tiene responsabilidad en lo que ocurre en Honduras. De acuerdo a Mining Watch, muchas mineras basadas en Canadá operan en Honduras país con el que se tiene un Tratado de libre comercio desde 2014 y Canadá apoyó una ley minera que es anticonstitucional porque entrega la soberanía hondureña a las empresas mineras. Además, Canadá fue el único país que no condenó el golpe de 2009 en Honduras.
El Golpe institucional de 2009
Honduras sirvió de base para los ejércitos contrarrevolucionarios respaldados por Estados Unidos en los años 80. El país centroamericano generalmente pasa bajo el radar de la noticia, pero ocupó la primera plana noticiosa, con el golpe institucional de la oligarquía hondureña contra el presidente José Manuel Zelaya Rosales en 2009, una nueva tendencia en América latina.
El ex presidente hondureño Manuel Zelaya
Electo para gobernar del 2006 al 2010, Zelaya fue objeto de un golpe institucional de la oligarquía dominante porque propuso unirse a la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA), adoptar políticas públicas progresistas y llamar a una Asamblea Constituyente.
Denunciado por la OEA, UNASUR y otras instancias latinoamericanas, el golpe institucional del 28 de junio se tradujo en la expulsión de Zelaya a Costa Rica y la nominación del presidente del Congreso Roberto Micheletti como presidente hasta el 17 de enero de 2010. Existe consenso en que el golpe institucional contra Zelaya aceleró la aplicación desembozada del modelo extractivista neoliberal en Honduras con sus secuelas de violencia, de aumento de la pobreza, de la corrupción de la clase política por colusión entre las multinacionales y un sector de la oligarquía.
La paradoja es que uno de los elementos esgrimidos contra Zelaya, el que intentara hacerse reelegir, fue entregado sin polémicas al actual presidente Juan Orlando Hernández en diciembre pasado por la corte suprema. El candidato del Partido nacional promete la estabilidad conservadora y tradicional y será ratificado en las primarias del 12 de marzo. De acuerdo a una encuesta el 63% de los hondureños esta contra su reelección.
Las elecciones de 2017
Es el domingo 26 de noviembre se realizarán las elecciones presidenciales, de los 128 diputados, los 20 diputados al congreso centroamericano, y también las elecciones de alcaldes, vicealcaldes y regidores. Honduras tiene un sistema político bipartidista desde 1920 entre el partido Liberal y el Partido nacional que hoy está en crisis. Las primarias para definir los candidatos presidenciales se realizan el 12 de marzo próximo.
¿Es posible una alianza de la oposición?
De acuerdo a una encuesta la inseguridad, el desempleo y la pobreza son los tres principales problemas de Honduras. Ellas indican que el saliente presidente Juan Orlando Hernández no tiene seguridad de ganar si se realiza una Alianza de la oposición del Partido LIBRE, del nuevo Partido Anticorrupción y del partido Innovación y Unidad – Social demócrata. Unidos podrían derrotar Juan Orlando Hernández y superar el fraude de las elecciones de 2013.
Los liberales probablemente elegirán a Elvin Santos en las primarias pero no tienen grandes posibilidades por que el partido de Zelaya el Partido Libertad y refundación LIBRE, surgido del partido liberal, pasó a ser el segundo partido hondureño en las elecciones de 2013.
El Partido Libertad y refundación LIBRE, tiene como precandidata a Xiomara Castro, la esposa del ex presidente Manuel Zelaya. Ella ya fue candidata malograda en 2013 pero perdió en medio de denuncias de fraude, contra el presidente Juan Orlando Hernández.
Salvador Nasralla, candidato del Partido Anticorrupción
La novedad de la elección de 2017 la crea el Partido Anticorrupción, surgido en 2013 del exterior del sistema político. Tiene como precandidato al presentador de televisión Salvador Nasralla que tiene 20% de apoyo según las encuestas. Hay quienes le comparan con el histriónico presidente actual de Guatemala, Jimmy Morales por venir del exterior del sistema de partidos.
Coincidimos con el informe de Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) que sostiene que el modelo neoliberal extractivista Hondureño de desarrollo nacional, de alianza entre los capitales extranjeros y las elites locales mantienen la desigualdad social en Honduras y fomentan la criminalidad, la corrupción y la violación de los derechos humanos. Para ello, el modelo extractivista cuenta en “su favor con la legislación y la connivencia de las autoridades y partidos políticos responsables de la conducción de la institucionalidad del Estado.” Honduras está en una encrucijada que requiere la solidaridad internacional para los luchadores ambientales y de la madre tierra.