Mujeres indígenas: Impunidad y racismo sistémico en Quebec.

Esta semana fueron exonerados de toda responsabilidad criminal los policías responsables de agresiones contra mujeres indígenas de Val d’Or. El anuncio causo indignación porque al mismo tiempo, el Director de Acusaciones Legales y Penales (DPCP), reconoció que ello no significaba que las mujeres entrevistadas por el equipo de investigación periodística de Radio Canadá el año pasado, hubiesen mentido, sino que faltaban pruebas. Se les creyó más a los policías que a las mujeres indígenas. Es algo que ocurre generalmente en casos de agresiones fiscales, pero a ello se agrega el racismo sistémico que lleva a considerar las mujeres indígenas como ciudadanas de segunda categoría. Coincidimos con quienes exigen que se cree una Comisión publica para estudiar las relaciones entre la policía y los miembros de las Primeras Naciones en Quebec y no esperar que la comisión federal estudie el caso.
Como se recordará, fue hace un año que un equipe de periodismo de investigación de Radio Canadá, desenterró los maltratos y agresiones sexuales y abusos de poder frecuentes de la policía de Val D’Or contra varias mujeres indígenas.
Impunidad
El informe de la policía que investigó las acusaciones contra sus colegas, argumenta que las informaciones entregadas por las mujeres no permiten identificar por encima de toda duda quienes eran los policías acusados de cuál de las 28 denuncias que incluían agresiones sexuales uso excesivo de fuerza, secuestro y hostigamiento.
Ya la observadora independiente, confirmó el martes que la investigación por la policía de Montreal sobre sus colegas de Val D’Or fue integra y respetó todos los criterios legales y de procedimiento existentes en Quebec.
En el mismo sentido, el viernes 18 de noviembre el Director de acusaciones criminales y penales, aclaró que no se trata de que las acusaciones de las mujeres indígenas fueran falsas, sino que no se obtuvo pruebas que ameritaran acusación criminal de acuerdo a los criterios de legalidad y procedimientos de investigación que existen en Quebec. Destacó además que el que no hubiesen acusaciones criminales, no implica que no hayan habido errores relativos a la deontología o gestos reprehensibles. Lo concreto es que no ameritaban que se les llevara a juicio por responsabilidad criminal.
El sindicato de policías en gesto corporativo, denunció el linchamiento mediático y criticó los periodistas. Ello pese a que el equipo de Radio Canadá, ganó el premio Michenes, por la calidad de su trabajo de denuncia y el domingo 20 de noviembre el prestigioso premio Judith Jazmín por su trabajo de investigación periodística.
Lo cierto entonces es que debe concluirse que se les creyó más a los policías que a las mujeres indígenas. Una situación que ocurre muy seguido cuando se trata de acusaciones de agresiones sexuales, lo que en este hecho se ve agravado porque los policías representan la institución encargada de la seguridad pública.
No todo se perdió. Por un lado, se confirmó la existencia de abusos usados por la policía, llamados eufemísticamente en francés como la cure geographique o starlight tour. Ello consiste en dejar abandonadas fuera de la ciudad y en pleno invierno y a veces sin ropa apropiada a las mujeres indígenas y otros, para amedrentarlas.
Por otro lado, como es de esperarse, la noticia causó una ola de indignación y dudas sobre la capacidad del sistema judicial de defender los más vulnerables. En conferencia de prensa, las mujeres indígenas que hicieron las acusaciones dijeron que tienen miedo a represalias y pierden confianza en la mentada igualdad de todos ante la justicia quebequense. Abogados expertos en este tipo de casos han ofrecido servicios pro-bono para hacer acusaciones en la justicia civil.
Por su parte la policía consciente de que sale muy deslegitimada de este caso, promete una investigación interna en deontología para ver si existe motivo para sanciones administrativas.
Necesidad de una comisión pública
En tercer lugar, es evidente que el resultado de la investigación revela la existencia (nuevamente) de un racismo sistémico en Quebec contra los primeros habitantes de este país. Vale decir que el racismo está integrado en el propio sistema de justicia que hace que considera como menores sujetos de derecho a las mujeres indígenas. Por ello Françoise Rupperthouse consejera de Pikogan, en Val d Or exigiera una comisión independiente para estudiar las relaciones entre la policía y las naciones indígenas en Quebec.
Para muchos la herida volvió a abrirse. Ghislain Picard, líder de las primeras naciones de Quebec y Labrador, acusa al gobierno de no querer reconocer la existencia de racismo sistémico contra los indígenas. Hasta el ex diputado liberal y alcalde de Val d Or donde ocurrieron los hechos, Joseph Corbeil, pide la comisión investigadora.
Por la boca del ministro de asuntos indígenas, Geoffrey Kelley, el gobierno Couillard se ha negado a crear una tal comisión. Insiste en que la Comisión federal anunciada por el gobierno de Justin Trudeau va a hacer esa investigación y que seria redundante que el gobierno de Quebec hiciera una propia. La presidenta del Consejo de Estatuto de la Mujer, Eva Ottawa, exige que el gobierno de Philipe Couillard no debe escudarse tras el mandato de la comisión.
Lo cierto es que el mandato de la Comisión prometida por los liberales federales ya ha sido criticada por abarcar demasiado. Su temáticamente es mucho más amplia que lo de las relaciones entre la policía y las mujeres indígenas, y será muy difícil pedir que vaya en profundidad en el tema. Ella podría terminar como otras tantas comisiones… con recomendaciones que no se aplican.
Creemos que es evidente que luego de que el movimiento Idle no More denunciara el racismo sistémico y la condición de exclusión de los indígenas como con la confirmación del genocidio cultural de los pensionados. Con las estadísticas que muestran que los indígenas están desproporcionadamente representados en las cárceles. Nadie puede afirmar que no exista un racismo activo y un racismo sistémico contra los primeros habitantes de Canadá.
En el caso de las denuncias de Val D’Or se agrega la dimensión de violación de derechos de las mujeres por parte de los representantes del orden. Si en el caso del resto de las mujeres el reconocimiento de las denuncias de agresiones sexuales es difícil, como lo probó el caso Ian Gomeshi y los ataques en la Universidad Laval, en el caso de las mujeres indígenas la prueba de que la víctima no es responsable de lo que le pasa es mas difícil de hacer. Una doble discriminación. Por ello es que el gobierno debe convocar a una comisión especial. Sin ello es la legitimidad de la justicia quebequense que aparece en juego.