11 de septiembre chileno

Se tiende a olvidar que hoy se conmemora otro 11 de septiembre. Un aniversario de importancia en América latina. En Chile, hace 43 años, con el apoyo de Washington, las Fuerzas Armadas cometieron el golpe de Estado contra el gobierno legítimo de Salvador Allende e impusieron una larga y sangrienta dictadura que gobernó durante 16 años y seis meses el país sudamericano, hasta el 11 de marzo de 1990. Lejos de dar vuelta la hoja en esa fecha, el retorno de los gobiernos civiles elegidos en las urnas, de Patricio Aylwin, Eduardo Frei, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera guardaron filiación con las políticas públicas esenciales impuestas durante la dictadura. Esa es la desagradable actualidad del 11 de septiembre chileno.
Hay un consenso en cuanto que el pacto de la transición no aseguró la reconciliación porque hasta hoy la sociedad chilena está dividida en la interpretación de los años de plomo de la dictadura militar. Se aseguró sin embargo, la impunidad de culpables de crímenes de lesa humanidad, comenzando por el propio dictador Pinochet quien pese a ser juzgado internacionalmente pudo terminar sus días sin ser incomodado, así como de sus principales secuaces.
La fecha puede parecer muy lejana en el calendario. Ha habido muchas generaciones que no conocieron lo que existía en Chile antes. Sin embargo la memoria del ensayó entre 1970 y 1973 de una experiencia de socialismo democrático sigue conservando valor y fue seguida por gobiernos progresistas como el de Venezuela hoy en dificultades en este nuevo ciclo político latinoamericano de reactivación de las fuerzas de la reacción.
Muchas generaciones ahora ni se preguntan si acaso efectivamente fue la CIA y el gobierno estadounidense dirigido por Richard Nixon y su secretario de estado Henry Kissinger quienes apoyaron abiertamente el golpe. Ahora, los informes del Congreso estadounidense, confirman desde hace años que Washington complotó con las fuerzas armadas chilenas para derrocar un gobierno legítimamente elegido el 4 de septiembre de 1970. Un gobierno que en marzo de 1973, las últimas elecciones antes del golpe, (las municipales), tenía el apoyo de la mayoría de la población. Por ello el golpe militar fue la única alternativa para quienes no querían perder sus privilegios.
Este 11 de septiembre es conmemorado por las colonias chilenas residentes en el extranjero y en Chile mismo. Es una fecha que todavía divide la sociedad chilena, pese a que nominalmente terminó la dictadura hace 26 años. No es algo teórico y no se trata exclusivamente de un deber de memoria porque a pesar de todo no se ha roto con ese pasado.
En primer lugar, los efectos de la dictadura todavía se hacen sentir en materia de violaciones de derechos humanos. La impunidad sigue reinando e impregna la vida nacional, trastocando los valores básicos. A diferencia de otros países en que funciono la verdad y la reconciliación, en Chile, la impunidad acompaña del discurso justificador por quienes estuvieron en puestos de mando, o de ejecución de vejámenes, y por aquellos que usufructuaron y apoyaron la dictadura militar. Al contrario hasta el día de hoy los herederos de Pinochet insisten en las argumentaciones de la dictadura.
La laboriosa tarea de justicia, que recibió el apodo de en la medida de lo posible, no ha resultado en la reconciliación de la sociedad chilena. La fecha que tiene gran significación para las víctimas directas del terrorismo de Estado o sus familiares muchos de los cuales todavía luchan por la verdad y la justicia por la impunidad frente a crímenes imprescriptibles de acuerdo al derecho internacional.
Pero también recuerda que tienen importancia para la sociedad en general. El combate contra la impunidad sigue la vía judicial solamente. De acuerdo a últimos informes de la Comisión de derechos humanos, hay más de mil causas judiciales en curso contra culpables directos de crímenes de lesa humanidad, solo 72 de las 122 personas que fueron declarados culpables entre 2014 y 2015 estaban cumpliendo penas de prisión. La verdad se abre camino pero de manera aun mitigada. Casos importantes como el del asesinato de Víctor Jara, se han aclarado. Por otro lado, el reconocimiento de la imprescriptibilidad de los casos de tortura está empantanado. El silencio de 50 años que impuso la Comisión sobre prisión política y tortura (Comisión Valech) es contrario al derecho internacional y el intento de levantarlo acaba de ser abandonado en el parlamento. Además, las políticas de reparación para los sobrevivientes son insuficientes, como lo revela la tragedia cotidiana que revelan las huelgas de hambre de los expresos políticos. El Instituto nacional de derechos humanos reconoce que no existen aun medidas de reparación integral para las víctimas por parte del estado chileno.
Tras el debate sobre la impunidad en materia de violaciones de derechos humanos se perciben la filiación con problemas actuales de discriminación. Tanto por la represión que sufre el pueblo mapuche, como por la criminalización de la protesta y la aplicación de leyes antiterroristas.
Desgraciadamente el 11 de septiembre en Chile, sigue en la actualidad, e impone un deber de memoria en materia de derechos humanos. Pero ello no es todo. El pacto que dio filiación a las políticas públicas de la dictadura, como es la Constitución pinochetista siguen vigente en sus aspectos esenciales, principalmente con la elevación a rango constitucional del concepto neoliberal de la subsidiaridad del estado. El segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet ha iniciado un proceso de cambio constitucional, que requiere que el actual congreso acepte el mecanismo de cambio constitucional porque ese no existe en la constitución pinochetista. Todo indica que a pesar de la necesidad de hacer ese cambio, tanto en Chile como el exterior, es muy difícil que se avance sin la voluntad política del gobierno y de la coalición gobernante Nueva Mayoría, que aparece muy dividida a la hora de hacer los cambios substanciales que exigen la gran mayoría de los chilenos. Más aún cuando, producto de aquellas divisiones, es un gobierno que ahora tiene el más bajo nivel histórico de popularidad. Las recientes manifestaciones contra el escándalo de las bajas pensiones entregadas por el sistema de las AFP, que no garantiza una jubilación digna, es la última de tantas exigencias de transformación de una democracia en que se limita la voluntad popular. Ello recuerda la actualidad práctica de los resabios de la dictadura militar que continuaron en democracia.
Existe un consenso cada vez mayor en el fracaso estratégico de las políticas neoliberales, por sus consecuencias en el medio ambiente como lo mostró entre muchas otras, la crisis de las salmoneras. Se exige cada vez más políticas pos neoliberales, como en otros países latinoamericanos. El viraje neoliberal de Chile, uno de los países donde la economía es la más privatizada del mundo, recuerda que la herencia de la dictadura no fue solo en materia de impunidad en violaciones de derechos humanos.
A pesar de avances desde el retorno de los gobiernos civiles en marzo de 1990, ellos han sido demasiado lentos al punto que en lugar de existir una transición en chilena, lo que ocurrió fue una continuidad en la estructura económica basada en políticas públicas neoliberales, un sistema político cautelado por una constitución que nunca recibió sanción democrática, una estructura social en la que aumentan las desigualdades a extremos inquietantes. Una situación que afecta incluso los valores culturales producto de la introducción de reglas neoliberales que privilegian el individualismo y que se manifiestan en la masividad de prácticas de dolo.
Las expresiones de recogimiento y de valorización de la memoria histórica del sangriento golpe militar de 1973, son de actualidad, porque son leídas con el prisma de 2016. Todo indica que este no será la última conmemoración del golpe de estado en la controversia. Y es que el adagio nada termina si no termina correctamente se aplica al conflicto entre memoria y olvido que sigue de actualidad a pesar de los 43 años transcurridos.