Patricio Aylwin, ex-presidente de Chile (1990-1994)
El fallecimiento, el martes 19 de abril, del ex presidente de Chile, Patricio Aylwin, abrió un importante debate sobre la convulsionada historia de los últimos cincuenta años en Chile. Una historia en la que estuvo presente desde el sector de derecha de la Democracia Cristiana. Ello incluyó su apoyo desembozado al golpe de estado contra el presidente Salvador Allende en 1973; pasando por encabezar el pacto de la transición que inaugura el sistema político imperante en Chile desde 1990 y hasta consolidar una “justicia en la medida de lo posible” que dio impunidad a los violadores de derechos humanos y consolidar la continuidad de una democracia impregnada de limitaciones a la soberanía popular en una constitución que consagra el neoliberalismo. Una carrera política a la imagen de los bemoles de la política chilena que engendró el sistema político más estable de aquellos que surgieran de las dictaduras militares en los ochenta y noventa.
La muerte de Aylwin ha relanzado un debate de importancia latinoamericana. De algún modo Aylwin encarnó tanto las veleidades de las burguesías latinoamericanas como de la clase política de derecha, quienes golpearon las puertas de los cuarteles en los años sesenta y setenta. Algunos, como Aylwin, se arrepintieron porque no esperaban que esas dictaduras fuesen tan largas. Otros, que no aprendieron, vuelven a fomentar golpes institucionales contra los gobiernos pos neoliberales, como ahora en Brasil, y antes en Honduras y Paraguay.
Con el fallecimiento de Patricio Aylwin, que fue el primer presidente civil y que recibió la banda presidencial de Pinochet el 11 de marzo de 1990, despolvorea el debate sobre los fundamentos del ciclo actual de gobiernos civiles que operan en una cancha rayada con los límites dejados por la dictadura de Pinochet. Limites que sólo ahora, después de más de 25 años comienzan a cuestionarse cuando se da el proceso de cambio constitucional iniciado por la presidenta Michelle Bachelet.
Primeramente plantea el debate sobre las causas y justificaciones del ordenamiento político constitucional actual. Un ordenamiento que a pesar de múltiples enmiendas sigue siendo caracterizado por los observadores como una democracia elitista, que constituye una clase política marcada por el temor de las clases populares y que niega el ejercicio de una ciudadanía moderna participativa.
Luego de años de tergiversaciones, de discurso pragmático, de políticas de consensos que niegan las tensiones y profundas desigualdades sociales y económicas, la apertura de un debate constitucional, 26 años después del retorno de gobiernos civiles, refleja la necesidad de restablecer un nuevo pacto social centrado en el ejercicio de la soberanía popular y el ejercicio de la participación ciudadana para profundizar la democracia.
Patricio Aylwin, encarnó esa mal llamada transición. Fue el líder de lo que se transformó, después del plebiscito de 1988, en la Concertación de partidos por la Democracia. Encarnó la forma adoptada por el pacto con Pinochet, sancionado en el plebiscito de reformas constitucionales mínimas el 2 de julio de 1989. Lo que significó inaugurar un nuevo sistema político que se autoimponía no cambiar las bases del ordenamiento político definido en la constitución de 1980 redactada por el derechista Patricio Guzmán y adoptada en plena dictadura.
Electo como el primer presidente de la transición, Patricio Aylwin prometió, hacer solamente justicia en la medida de lo posible y dio el tono sobre la importancia de gobernar con la camisa de fuerza de las leyes orgánicas constitucionales de la dictadura. Leyes que constitucionalizan el modelo económico neoliberal establecido durante la dictadura con la subsidiariedad del Estado y la privatización de todas las esferas sociales de la vida en sociedad y no garantizan el funcionamiento de un Estado de Derecho.
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos Lorena Pizarro, recuerda críticamente la frase clave del ex presidente Patricio Aylwin de hacer justicia en la medida de lo posible que significaba el llamado claro a dar carta blanca a la impunidad para los civiles y los uniformados involucrados en el terrorismo de estado practicado por la dictadura de Pinochet. Aunque Patricio Aylwin pidió perdón por su responsabilidad en fomentar el Golpe de Estado de 1973, porque nunca pensó que duraría tantos años ni que se traduciría en tan grandes violaciones de derechos humanos; lo cierto es que su falta de voluntad política para encarar la responsabilidad estatal en las violaciones de derechos humanos cometidos bajo la dictadura militar de Pinochet, siguió en sucesivos gobiernos de la Concertación de partidos por la democracia, y hoy es un enorme borrón negativo de su carrera política.
Aunque muchos destacan la importancia de la creación en 1990 por patricio Aylwin de la Comisión Nacional de verdad y reconciliación para esclarecer las violaciones de los derechos humanos cometidos durante la dictadura. Aunque destacan la importancia de que Aylwin haya pedido perdón en el momento de dar a conocer el informe, está claro que ello no se tradujo en elementos concretos para asegurar que nunca más ocurran esos hechos. Más aún se consolidó la percepción de que la justicia depende de la relación de fuerzas políticas con los propios violadores. La impunidad en la que falleció el propio Pinochet y recientemente la del general asesino, cabeza de la Carabaña de la Muerte, Sergio Arellano Stark demuestra la impunidad y negación de justicia. Los recientes escándalos de corrupción recuerdan que la justicia depende también del lugar que se ocupa en la jerarquía económica y social.
La muerte de Patricio Aylwin recuerda los costos de la transición pactada y dominada por los consensos cupulares entre la Concertación de partidos por la Democracia, las fuerzas políticas de derecha sobrerrepresentados gracias a las reglas del juego heredadas y los llamados poderes facticos militares o patronales. 26 años después del fin de la dictadura militar, el temor de pensar sin tutelas parece finalmente diluirse. En esa medida el debate surgido como balance de la vida pública, de quien encarnó en un momento, los llamados estridentes de la burguesía chilena para que los militares terminaran con la rebelión y el caos de las masas populares aleonadas por la experiencia del gobierno de Allende. También, en otro momento, encarnó la buena conciencia de quienes querían evitar el derramamiento de sangre con un pacto de transición con Pinochet, para soslayar con el plebiscito la intransigencia represiva de la dictadura. Esperamos que la reflexión y balance que suscita la muerte de Patricio Aylwin recuerde que estamos en el siglo XXI; que se requiere emprender nuevos rumbos y que finalmente se expresen los pensamientos refrenados durante 26 años.
Se puede querer criticar a Aylwin como el «continuador» civil de la dictadura, con una cara dulce y serena… La verdad es que los veinte años de Concertación es mucho más representativo de lo que ese Presidente civil de circunstancia pudo haberlo sido. Recién, con las dos Presidencias de Michele Bachelet se pudo vislumbrar un cambio hacia una Democracia, con los efectos que hemos visto: la verdadera cara de la Democracia Cristiana y la irresponsabilidad de otros Representantes del pueblo como lo hemos constatado con vergüenza en el bochorno del Servel