
Ex ministro Nathalie Normandeau ante la Comisión Charbonneau
La UPAC (Unidad permanente anticorrupción), causó todo un terremoto político en Quebec con la detención a tempranas horas del jueves 17 de marzo de 7 personas. Se dio un paso importante para restablecer la confianza ciudadana en la democracia y se reabrió el debate sobre la corrupción de la política quebequense por los negocios. Se elevan voces para exigir que los liberales de Philipe Couillard den explicaciones.
Los siete arrestados son: La ex ministro de asuntos municipales, de recursos naturales y ex vice primera ministro, Nathalie Normandeau del gobierno de Jean Charest; Marc Yvan Coté, ex ministro de salud, transportes de servicios sociales y de la reforma electoral bajo el
gobierno del primer ministro liberal Robert Bourassa en los ochenta y noventa, ligado al escándalo de las comanditas federal y que trabaja para la firma de ingeniería Roche.
A ellos se agrega Bruno Lortie, ex jefe de gabinete de Nathalie Normandeau y dos otros altos empleados de la firma de ingeniería Roche, France Michaud y Mario Martel. Todos ellos estarían ligados al financiamiento ilegal del Partido Liberal bajo el gobierno de Jean Charest. A ellos se agregan dos personas de bajo nivel ligadas al Partido Quebecois: Francois Roussy, alcalde de Gaspé de 2005 a 2013 y agregado político del diputado pequista Gaétan Lelievre ; y Ernest Murray que era agregado político de la circunscripción de Pauline Marois.
De acuerdo a la ley canadiense, ellos gozan de la presunción de inocencia hasta que se realice el juicio. Los siete inculpados enfrentan 13 acusaciones criminales por infracciones cometidas entre 2000 y 2012, entre ellas fraudes contra el gobierno, corrupción de funcionarios, complot y abuso de confianza. La UPAC asegura que habrían violado la ley para obtener regalos, financiamiento político ó subvenciones.
La UPAC reabre el debate sobre la corrupción
Los arrestos reabren el debate sobre la corrupción de la política por los negocios en la industria de la construcción en Quebec; sobre las posibles responsabilidades de otros políticos quienes todavía están en funciones; sobre si las medidas adoptadas hasta ahora son suficientes; sobre dudas de que el fenómeno de la corrupción en entrega de contratos gubernamentales ocurra también en otros sectores, como la informática; sobre si puede repetirse esas situaciones ahora que se espera gastar miles de millones de dólares en infraestructuras.
El primer impacto, fue de opacar completamente la presentación del tercer presupuesto por parte del ministro de finanzas del gobierno liberal mayoritario de Philipe Couillard, Carlos Leitao. Ese presupuesto no pasará a la historia porque, que no termina con las políticas de austeridad, en espera de liberar márgenes de para recortar impuestos y consolidar la transformación neoliberal del estado quebequense. Fue calificado como uno de transición, Se espera que los cambios vengan en el presupuesto de Justin Trudeau el martes próximo.
El segundo impacto es que, el Comisario de la UPAC Robert Lafrenière que termina su mandato a fines de mes, envió el claro mensaje que no está bajo el control del gobierno Couillard y los observadores estiman que es muy difícil que Couillard no le mantenga en el puesto sin aparecer como una venganza porque los arrestos atacan alto al Partido Liberal.
El tercer impacto, el más importante, es que con esas acusaciones del código criminal, la UPAC confirmó que lo que se había escuchado en las audiencias de la Comisión Charbonneau mostraba que existió un lazo entre los dineros que las firmas de ingeniería le dieron al partido liberal y la entrega de contratos.
Con ello se mejoró un poco para muchos ciudadanos de Quebec el gusto amargo que dejó el informe con 60 recomendaciones, de la Comisión entregado el 24 de noviembre pasado por la Jueza France Charbonneau luego de 4 años, centenares de testigos y cerca de 45 millones de dólares. En esa oportunidad, la disidencia del segundo comisario de la Comisión Renaud Lachance con el informe de la presidenta que, y lo cito: “ningún elemento de prueba permite establecer un lazo ni directo, ni indirecto entre las contribuciones a un partido político provincial por las empresas.” Esa afirmación facilitó que los tenores del partido liberal se declararan limpios y cerraran capítulo y arrojaran el informe al canasto de la basura. Muchos lamentamos el efecto sobre el cinismo hacia la política que los trabajos de una comisión que se formó luego de denuncias periodísticas y del trabajo de Quebec Solidario y la CAQ, terminara de esa manera.
Un paso para recuperar la confianza en la política
Las acusaciones de la UPAC restablecen en parte la confianza ciudadana en las instituciones quebequenses. Como lo señaló el comisario de la UPAC, Robert Lafrenière las infracciones son graves y las estratagemas de financiamiento político son intolerables. “es injusto e inequitable utilizar los contratos públicos como herramienta política y es igualmente intolerable usar el poder de su influencia para favorecer las elecciones.«
En la más clara condena de parte de la oposición, vino del diputado de Quebec Solidario señaló que “la detención de la ex vice primera ministro Nathalie Normandeau es sintomática de la influencia de los empresarios en la definición de las políticas públicas en Quebec”.
Finalmente, eso reabre el debate y aunque el primer ministro Philipe Couillard argumente que el partido liberal que él dirige no tiene nada que reprocharse, que ya se cambió la situación, no parece muy clara. Con razón se señala que 13 antiguos ministros del gobierno de Jean Charest, incluido el mismo, son ministros del actual gobierno. Otro cronista (Michel David) recuerda que el ministro del tesoro Sam Hamad trabajó en Roche, la misma empresa de ingeniería que Marc Yvan Côté. Yves Boisvert de la Presse, recuerda incluso que tras los arrestos está la responsabilidad del ex primer ministro Jean Charest que fue el primer responsable de establecer las condiciones en el partido liberal con el llamado financiamiento sectorial para financiar las campañas liberales.
Aunque el primer ministro Philipe Couillard tiene razón al decir que no corresponde la culpabilidad por asociación, está claro que la UPAC reabrió el trabajo inconcluso de la Comisión Charbonneau y que el partido liberal debe dar explicaciones. Se reabre el tema y es una buena cosa. El principal enemigo de las democracias es precisamente el acceso privilegiado del dinero a la definición de las políticas públicas o privilegios en desmedro de los intereses ciudadanos.
Excelente, de esta manera se prueba que los periodistas de indagación son capaces de llegar a ver con más detalle lo que muchos sólo sospechan sin tener a su alcance todos los elementos de juicio.