Quebec : Nueva embestida contra los pobres

El gobierno del primer ministro Philipe Couillard depositó esta semana un proyecto de ley que busca realizar economías de 50 millones de dólares en el presupuesto de la ayuda social atacando a los más vulnerables entre los pobres de Quebec.En efecto, el proyecto de ley 70 del Ministro del Trabajo, del Empleo y la Solidaridad Social, Sam Hamad, quiere economizar 50 millones de dólares gracias a la disminución de prestaciones sociales a aquellos que piden por primera vez la ayuda social. Se trata de atacar unos 17 mil quebequenses que piden por primera vez la ayuda social anualmente, en la mayoría de los casos, jóvenes de menos de 29 años.
Este proyecto de ley cuya aprobación por la mayoría liberal en Asamblea Nacional es segura, en las próximas semanas es la gota que rebalsa el vaso de las políticas de austeridad impuestas por el gobierno conservador.
Una política de austeridad que se asemeja más a las políticas del precedente gobierno conservador federal de Stephen Harper antes que las del nuevo gobierno liberal dirigido por Justin Trudeau quien plantea, al contrario, aumentar la inversión estatal para asegurar el crecimiento económico.
El proyecto de ley propone que las personas que piden por primera vez la ayuda social y que son considerados aptos para trabajar deberán someterse a un nuevo programa de búsqueda de empleos. Para incitarlos se les dará un bono de 200 dólares mensuales.
Pero, tras el estímulo de 200 $ el ministro esgrime un garrote con el que quiere golpear los sectores más vulnerables de la sociedad. Los prestatarios están obligados a aceptar empleos de cualquier tipo que se ubiquen hasta a 200 kilómetros de su residencia actual o perderán la mitad de sus prestaciones. El absurdo es que si la persona debe pagar un transporte para cubrir la distancia, perderá la mitad de su salario mínimo con lo que ganará menos que si estuviera en la seguridad social.
Ello recuerda claramente el mismo predicamento establecido por el gobierno conservador de Stephen Harper para la reforma de la ley del seguro de empleo, que atacaba los trabajadores estacionarios en las provincias marítimas. Precisamente donde los conservadores no ganaron ni un solo diputado en las últimas elecciones.
Esto significa que los prestatarios verán amputados sus magros cheques de 616 dólares mensuales en la mitad. El cheque de la seguridad social corresponde a apenas 3696 $ al año, menos de la mitad de lo que es considerado como el umbral de la pobreza para una persona que vive sola después del impuesto.
Lo que le quedaría a los prestatarios no es suficiente para vivir. Muchos estiman que se aumentará el número de itinerantes y en el mejor de los casos el trabajo no declarado.
El problema principal de esa política que recuerda los llamados boubou macoutes del gobierno de Robert Bourassa en los años noventa que debían investigar si las personas en la seguridad social cometían fraudes.
El incitativo no es un aliciente, la amenaza tampoco porque efectivamente las personas en la seguridad social no trabajan, no porque no lo deseen sino porque efectivamente tienen problemas. Luego de 30 años de recortes a lo que se consideraba en un momento como un programa que favorecía el ocio, nadie puede considerar que ese sea el caso ahora. Son principalmente personas con grandes dificultades las que están con prestaciones de seguridad social.
Además, está el problema que no existe suficiente disponibilidad de formación para que las personas puedan efectivamente obtener empleos estables. El gobierno no invierte en la creación de nuevos programas de formación. Ya existen listas de espera y no se ve como puedan acceder a cursos que les permitan conseguir empleos a las personas que desean evitar el castigo ministerial. En ese caso coincidimos con los que señalan que en lugar de una política de incitación al empleo se trata simplemente de aplicar recortes para obtener el déficit cero atacando los más vulnerables de la sociedad.
Por otro lado, es falso que exista penuria de empleos no calificados, que son los disponibles para las personas beneficiarias de la ayuda social. En realidad la penuria de empleos está en los trabajos especializados y ello está ligado a la necesidad de tener programas de formación adecuados. El problema además es que todos esos elementos están ligados al estancamiento económico favorecido por las políticas de austeridad.
Ya hemos denunciado la obsesión de la austeridad del gobierno. Todos estamos de acuerdo con que las personas se dignifican con el trabajo, pero ello significa que la sociedad debe invertir para obtener el pleno empleo y adoptar las políticas públicas correspondientes. Forzar la gente a vivir en las condiciones que determina el proyecto de ley 70, no hace más que crear nuevos problemas más graves aun a nivel de la salud, de la criminalidad y, entre otros.
La paradoja es que el gobierno Couillard acaba de lanzar una nueva consulta para el 3er plan de acción gubernamental contra la pobreza y la exclusión social. Una consulta en contradicción flagrante con el proyecto del ministro Hamad. En efecto se define allí la pobreza como una condición en que una persona esta privada de recursos, de medios, de elección y del poder necesario para obtener su autonomía económica o para facilitar su integración y participación en la sociedad. La exclusión es considerada como el resultado de un conjunto de procesos económicos, políticos, institucionales, a menudo interdependientes que extraen de la sociedad a grupos o personas.
En la práctica el proyecto del ministro Hamad favorece la pobreza y la exclusión. Una contradicción flagrante con la misión de ministerio.
La verdad es que el ministro Hamad busca simplemente cumplir su cuota de recortes de la ayuda social para contribuir a la meta de déficit cero del gobierno del primer ministro Philipe Couillard. El problema es que ello provocará el aumento del número de itinerantes y de exclusión social. Un aumento de las desigualdades sociales imperdonable. Tras el objetivo déficit cero está la lógica de la austeridad y tras ella el de reducir la intervención del estado como atenuador de las desigualdades sociales creadas por la pobreza y la exclusión social.
Es una política que desborda el vaso de les inequidades que acarrea la destrucción del sistema social quebequense