Esta semana se realizó en Lima, Perú, del 2 al 4 de noviembre, la Conferencia regional sobre el desarrollo social en América Latina y el Caribe. La Conferencia fue organizada por la Comisión Económica para América latina, (CEPAL), el Programa de las naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el gobierno peruano.
En ella participaron ministros de todos los países de la región. Tenía el objetivo de fijar las orientaciones sobre las políticas públicas que se deben adoptar en la región para asegurar la erradicación de la pobreza y disminuir la exclusión y las desigualdades sociales. Ello en el marco de la implementación de la llamada Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Como se recordará, en septiembre pasado, la Asamblea general de la Organización de las Naciones Unidas revisó los avances en materia de desarrollo de los llamados objetivos de desarrollo del milenio. Se trata de ocho objetivos entre ellos, la erradicación de la pobreza extrema y el hambre.
La CEPAL subraya en su documento central Desarrollo social inclusivo: una nueva generación de políticas para superar la pobreza y reducir la desigualdad en América latina y el Caribe, que “aunque la región cumplió la meta establecida en el primero de los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) de reducir a la mitad la indigencia en 2015 (comparado con los niveles de 1990), es indispensable realizar esfuerzos significativos para cumplir los recién adoptados Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente el primero que plantea erradicar la extrema pobreza en todas sus formas en 2030.” Los ODS son ahora 17, y aunque se mantiene la erradicación de la pobreza y el hambre como los dos primeros objetivos se agregan otras dimensiones. El vuelco importante es de considerar la pobreza como un fenómeno multidimensional que requiere involucrar desde el medio ambiente hasta las políticas económicas y las políticas públicas.
Estancamiento en la reducción de la pobreza y las desigualdades
En efecto, la CEPAL constata que en el último decenio la región de América Latina y el Caribe había conseguido una reducción significativa de la pobreza y una moderada caída de la desigualdad como resultado de políticas sociales y de mercado de trabajo implementadas en un escenario económico favorable, que permitió que los objetivos relacionados con la inclusión social ganaran un espacio inédito en la agenda pública y en las estrategias de desarrollo.
Sin embargo, ello cambió en los últimos años. Los datos estadísticos recopilados por la CEPAL y otras instancias internacionales, revelan que desde 2012 se aprecia un estancamiento en la reducción de la pobreza. Según las últimas estimaciones del organismo regional para 19 países de América Latina, en 2014 existían 167 millones de personas en situación de pobreza (28% del total de la población). Es una mejora respecto a 2002 cuando el número de pobres era de 225 millones. Un resultado directo de las políticas públicas de distribución de ingresos.
De esos 167 millones de personas en situación de pobreza, 71 millones (12% del total de la población) se encontraban en la indigencia. En 2012 eran menos (66 millones).
Pero ello no es todo, los datos estadísticos de la CEPAL confirman que América Latina y el Caribe sigue siendo la región con las más importantes desigualdades en ingresos. Los datos de 2013 indican que solo la mitad de la población de América Latina y el Caribe (49,1%) se encuentra fuera de las situaciones de indigencia, pobreza o vulnerabilidad a la pobreza.
Además, y en relación a la desigualdad social, son los niños y niñas, las mujeres, los jóvenes, los adultos mayores, las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y las poblaciones afrodescendientes son quienes más sufren situaciones de discriminación, carencia, privación de derechos o vulnerabilidad en la región.
Los desafíos del desarrollo social
La CEPAL, como otras organizaciones internacionales especializadas, es tributaria de los gobiernos que la forman, Sin embargo ella contribuyó en otros tiempos a fijar una plataforma desarrollista que combina conservar equilibrios macroeconómicos al mismo tiempo que implementar políticas públicas que permiten la reducción de la pobreza. Una plataforma que han llevado a cabo los gobiernos progresistas de la región.
La CEPAL insiste ahora en el carácter multidimensional de la pobreza y propone una nueva generación de políticas de combate a la pobreza y la desigualdad, en el marco de un cambio estructural progresivo y de un crecimiento económico sostenible, sostenido e incluyente.”
Aunque es una propuesta bienvenida, lo que está en juego en los debates para erradicar la pobreza y disminuir las desigualdades y la exclusión en la región es que, luego de políticas públicas en un marco que privilegia la economía de mercado, se necesita avanzar en cambios estructurales y de enfoque que permitan un desarrollo sostenible. Muchos estimamos que para que ello sea posible, se requiere romper con las tendencias neoliberales que dan primacía al mercado y lógicas de ganancia a corto plazo. Políticas que no consideran el respeto del medio ambiente y que agravan la crisis climática. Para que las políticas de desarrollo social contribuyan al desarrollo sostenible, se requiere un cambio de paradigma del desarrollo basado en el crecimiento económico basado en modelos extractivistas o de exportación de materias primas con ventajas comparativas.
Las políticas públicas de redistribución social emprendidas por gobiernos progresistas beneficiaron de la bonanza creada por el encarecimiento de las exportaciones de materias primas y un contexto internacional que favoreció el crecimiento económico del PIB superior al 5%. Desgraciadamente, por el cambio de contexto, los avances en reducción de la pobreza y la disminución de las desigualdades sociales y la exclusión los que están en riesgo de regresión en la región.
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