Golpe de estado institucional en Brasil

Dilma_Rousseff_2015El 12 de mayo senado brasileño suspendió por 180 días a la presidenta Dilma Roussef, democráticamente elegida hace solo un ano y medio por más de 54 millones de electores. Muchos dudan que ella pueda volver a la presidencia cuando termine el juicio del senado porque la oposición tiene la mayoría. Se trató de una nueva etapa de lo que calificamos como un golpe institucional de la mayoría parlamentaria brasileño. Un modelo semejante al empleado por la oposición de derecha en Honduras y Paraguay. Pero eso no es todo, la oposición de derecha brasileña también tiene en la mira al ex presidente Ignacio Lula da Silva, para evitar que se presente en las elecciones próximas de fines de 2018, las que ganaría, de acuerdo a las encuestas.

La derecha vuelve al poder por la ventana

Inmediatamente asumió el gobierno, de manera interina el vicepresidente Michel Temer del derechista Partido del Movimiento de la Democracia Brasileña (PMDB), un partido de derecha con el que el Partido de Trabajadores había hecho una alianza en el congreso hasta diciembre del año pasado, cuando el PMDB se unió al intento de impeachment contra la presidenta Dilma Roussef. El sistema parlamentario brasileño cuenta con decenas de partidos lo que lleva a formar coaliciones para poder gobernar. Fueron los votos del PMDB los que permitieron la suspensión de la presidenta.
La desprestigiada derecha brasileña encontró así un mecanismo para llegar al poder ejecutivo sin elecciones: Ni el PMDB ni el PSDB ha podido ganar las cuatro últimas elecciones presidenciales. La derecha puede así gobernar los dos años y medio que le queda al gobierno elegido hace un año y medio sin haber pasado por la sanción ciudadana en las urnas.
Es importante destacar nuevamente que la presidenta brasileña Dilma Roussef no ha sido acusada de corrupción. Ella no está involucrada en el famoso escándalo de Lava Jato, relacionada con Petrobras y por el cual fue suspendido de sus funciones Alejandro Cunha, ex presidente del parlamento y autor inicial del proceso contra Dilma Roussef. Usando un mecanismo constitucional, muy raro en sistema presidencial y heredado de la dictadura, Dilma Roussef fue suspendida en su cargo de presidenta por su presunta responsabilidad administrativa al manipular las cifras sobre el estado de la nación antes de las elecciones de octubre de 2014. Se trata de un delito de responsabilidad administrativa que es de índole eminentemente política. En Canadá habría muchos gobiernos suspendidos por no dar las cifras correctas sobre las finanzas gubernamentales. Ello se soluciona con el verificador general.

Los errores del PT?

En ese marco, la victoria de la derecha se explica por la debilidad y el desgaste de 13 años del gobierno del Partido de los Trabajadores.
Por un lado, según varios analistas, porque el PT en lugar de denunciar las prácticas tradicionales de la derecha brasileña, se adaptó a ellas, se acomodaron. Como el PT no tenía la mayoría suficiente para aprobar sus leyes en el Congreso, recurrió en los primeros años a la tradicional estrategia de comprar los votos de los diputados de oposición en sus primeros años. Después, entregó ministerios o cargos. Hoy paga el precio de su cogobierno con la derecha. Sin embargo, los estrategas del PT, argumentan que ese pragmatismo le permitió aprobar leyes y medidas progresistas y gobernar. Sin embargo, después de la reelección de Dilma Roussef la derecha le negó apoyos al gobierno debilitado por la desactivación de la economía.
Por otro lado, es indudable que pese a su carácter progresista, el gobierno del PT, no cuestionó el sistema político tradicional. Si realizó una política de redistribución de ingresos, como la bolsa familia, que sacó de la pobreza millones de brasileños, pero no cambió la estructura económica que aumentaba constantemente las desigualdades. El problema es que frente a la crisis económica, sus políticas de austeridad cuando le entregó el gobierno a un ministro de hacienda neoliberal, le hicieron perder apoyo y se activó un movimiento de descontento que fue canalizado por la oposición y los medios de comunicación contra la presidenta Dilma Roussef.
Una situación semejante a la de Venezuela, que también sufre las consecuencias de la desactivación de la economía mundial. Si bien el balance de los años de gobierno del PT es muy positivo, porque disminuyó las desigualdades de la sociedad brasileña como nunca antes, está claro que no se planteó como un gobierno transformador.
De cierto modo, era de prever, como ocurre con los gobiernos en otras latitudes que se produjera una alternancia en el poder mediante las elecciones. El problema del proceso político contra Dilma Roussef, que hace que se trate de un golpe institucional, es que cambia un gobierno que recibió el apoyo mayoritario de 54 millones de brasileños, por una medida interna parlamentaria y llega a la presidencia y forma un gobierno que dirigirá los destinos de Brasil por más de dos años sin haber sido elegida en elecciones libres y secretas. Se trata de una situación que sería inaceptable en otras latitudes. OPara que funcione la democracia, se requeriría ir a elecciones para definir el nuevo presidente.

Un gobierno ilegítimo

De esta manera, e instala un nuevo gobierno, de legitimidad limitada, de carácter interino, pero que se plantea de todos modos, realizar una serie de medidas de ajuste completamente contrarias a lo votado por la mayoría de los brasileños en las urnas hace apenas un año y medio. Legitimidad aún más dudosa cuando, de acuerdo a lo informado, la mitad de los nuevos ministros del gobierno de Michel Temer están acusados de corrupción por abuso de poder o fraude al estado. Como señalábamos, el principal artífice de la vía institucional de derrocamiento de la presidenta Dilma Roussef, Alejandro Cunha, ha sido inculpado por corrupción y debió abandonar sus funciones.
Otros autores critican el carácter politizado del sistema judicial, que se negó a suspender el proceso de condena por responsabilidad administrativa de Dilma Roussef.
Lo concreto es que el nuevo gobierno de Michel Temer, cuenta con ministros que se caracterizan por sus posiciones de derecha y que se proponen sacar Brasil de la recesión, con recortes de presupuestos y políticas de austeridad para restablecer la confianza del sector privado. Todas políticas tradicionales de la derecha brasileña.´
Algunos ya temen las consecuencias de anuncios que bajarían el número de beneficiados de la Bolsa familia y otras políticas públicas de redistribución de ingresos. Otros estiman que el mejor índice de distancia entre el nuevo gobierno y la población está que no haya ninguna mujer entre los nuevos ministros y que sea casi exclusivamente blanco en un país caracterizado por su diversidad étnica. Hay certidumbre que después de 180 días Dilma Roussef, cuyo juicio será realizado por el mismo senado que la suspendió, no vuelva a la presidencia. Todo depende de la ingobernabilidad de las calles. Ya se plantean masivas movilizaciones contra el nuevo gobierno y se habla de crear un Frente Amplio como el que existe en Uruguay, la experiencia más estable de gobierno progresista en la región.

Impacto internacional

Con todo ello la situación brasileña una de las principales economías mundiales es muy inestable. Hay que olvidar el llamado Banco de los países emergentes, el BRICS para el desarrollo. El impacto del golpe institucional brasileño es enorme en América latina. Los líderes de Unasur y del ALBA así como los gobiernos de Cuba, Bolivia, Ecuador y Nicaragua, comentaron que se trata no solo de una catástrofe brasileña sino que afecta toda Latinoamérica.
Después de Argentina y Brasil, se teme que Venezuela sea el próximo gobierno progresista que caiga, ya que allí también la estrategia de la oposición es de usar su peso en el parlamento para obtener la denuncia del presidente Nicolás Maduro, allí por la vía plebiscitaria. En el caso brasileño se utilizan mecanismos golpistas que niegan el carácter decisivo que debe tener el voto ciudadano en las urnas en las elecciones.
Creemos que lo ocurrido en Brasil sigue el modelo de golpe institucional, que aprovecha las dificultades de la izquierda progresista frente los efectos de la desactivación económica y sus propios errores de pragmatismo. Ello plantea la necesidad de un debate sobre el futuro de los movimientos progresistas y de la izquierda latinoamericana. La experiencia brasileña muestra los peligros del acomodo a las reglas de la derecha brasileña. Sin embargo otra solución no es fácil y el debate sobre las salidas a la crisis ha comenzado.

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