Austeridad: el gobierno de Quebec termina con la universalidad del sistema de salud.

La ley 20 del gobierno Couillard legaliza la facturación directa a los pacientes por servicios médicos fuera de los establecimientos públicos. Se consolida así el fin de la universalidad del sistema de salud quebequense en contradicción flagrante al espíritu y la letra de la ley canadiense de la salud. Ello se inscribe en los esfuerzos del gobierno de Philipe Couillard por privatizar el sistema de salud bajo las excusas de restablecer el equilibrio del presupuesto fiscal se transforma, sin debate, una de las piedras angulares del principio de universalidad de acceso para todos los quebequenses.

Ataques contra el sistema de salud gratuito y universal

La ley 10 y la ley 20 son las piezas maestras del proceso de privatización del sistema de salud que persigue el gobierno Couillard. La ley diez fue adoptada con mordaza por la mayoría liberal en la Asamblea Nacional en febrero pasado. Esa ley eliminó las 182 Agencias de la Salud y Servicios Sociales y las concentró en 34 Centros Integrados de Salud. Además eliminó instancias de participación ciudadana concentrando el poder en el ministro de la salud y quitó prioridad a las inversiones en medicina preventiva. Los partidarios de la salud pública universal y gratuita denunciaron que, bajo la excusa de ahorrar 200 millones de dólares y reducir estructuras complejas, la nueva ley favorece la privatización del sistema de salud.
La ley veinte que debía imponer cuotas mínimas de número de pacientes a los médicos de familia y especialistas que factura la Regie de l’assurance maladie de Québec (RAMQ). Sin embargo, el ministro Barrette cedió a la presión de la Fédération des médecins omnipraticiens y postergó la aplicación de la ley hasta el 31 de diciembre de 2017 y no aplicarla si los médicos cumplen voluntariamente con las cuotas.
Sin embargo entró en aplicación inmediata la legalización del cobro de gastos aferentes para acceder a servicios que hasta ahora debían ser gratuitos en las clínicas privadas. El problema es que esos gastos aferentes ya son cobrados por las clínicas privadas a la RAMQ: mientras que un acto médico es pagado 90 $ en clínica privada, en clínica externa de un hospital o en un CLSC el acto médico es pagado 56 $. Menos justificada aparece la medida cuando los médicos recibieron un aumento de 20 a 60% por los actos médicos facturados a la RAMQ. La excusa del ministro es que al oficializar los gastos que pueden cobrar las clínicas privadas, se evitan irritantes porque antes la RAMQ podía imponer multas a quienes jugaban en las zonas grises del sistema de salud.

Fin del acceso universal y gratuito a la salud

La adopción de la ley veinte consolida el fin de la universalidad del sistema de público de salud en Quebec. El cambio termina con el principio del acceso universal, integral y accesible que promete la ley canadiense de la salud a la que está sometido el sistema de salud quebequense. Es un paso dramático en un proceso de privatización iniciado desde hace años con pequeños cambios legislativos y creciente tolerancia hacia las clínicas privadas.
Los tres partidos de oposición en Quebec y el Nuevo partido Demócrata se opusieron a la ley y tanto Amir Khadir de Quebec Solidario, como André Boulerice del NPD escribieron a la ministro federal de la salud Jane Philpot para que Ottawa salve el sistema de salud quebequense. Lo mismo hicieron expertos y trabajadores de la salud quienes en carta abierta denunciaron la medida que legaliza las triquiñuelas del proceso de privatización del sistema de salud. La ley 20 establece de facto un sistema privado y otro público, con doble financiamiento. Ello marca la salida definitiva de Quebec del sistema de salud canadiense.
Ese proceso de privatización amenaza la equidad del acceso a la salud. El sistema conviene a los sectores de altos ingresos que pueden tener acceso privilegiado a la salud privada. No ocurrirá lo mismo con los sectores más vulnerables; entre ellos quienes sufren problemas crónicos de salud y que requieren tratamientos periódicos; los minusválidos, que viven generalmente en situación de precariedad económica y que tienen la alternativa de exámenes en clínicas privadas cuando son difíciles de obtener en los hospitales. La disposición facilitará el crecimiento del sector privado de la salud y precarizará aún más el desempeño de los establecimientos públicos.
Ella se inscribe en la seguidilla de ataques contra el sistema de salud quebequense del gobierno liberal. Se inscribe en una carrera por la austeridad rechazada por los quebequenses de acuerdo a la encuesta Léger del 21 de noviembre porque comienzan a sufrir los efectos de las políticas del primer ministro Philipe Couillard que tiene más de conservador que de liberal. El 68% de los quebequenses desaprueban las políticas de austeridad y, por primera vez en décadas apoyan a los sindicatos (51%) en sus negociaciones con el gobierno. Los quebequenses comienzan a sufrir en carne propia los efectos de las políticas de austeridad y el cambio de rol del Estado que trata de imponer Philipe Couillard.
Algunos comparan esa disposición de la ley 20, integrada a última hora en el proyecto de ley, de ley Mamut, como las que hacía el derrotado gobierno de Stephen Harper. Al igual que ese gobierno conservador, los liberales de Philipe Couillard evitan el debate de una reforma de fondo del sistema de salud que va más allá de una economía momentánea para equilibrar el déficit.
Creemos que los gastos aferentes en las clínicas privadas deben ser denunciados. Ellos se inscriben claramente en la lógica del Gobierno Couillard de privatizar el sistema de salud quebequense. En la práctica, al reducir los fondos que se le dedican, se abre la puerta a que el sector privado tome los aspectos más lucrativos y facilite servicios de salud de mejor calidad dependiendo del la billetera del paciente. Ninguna razón justifica que se legalicen los pagos ilegales impuestos por las clínicas. En realidad se ha abierto una brecha para la entrada del sistema de salud. Para un gobierno formado principalmente por médicos es increíble que se abandonen los principios éticos que deben animar la profesión por criterios de ganancia. Mientras los otros trabajadores del sistema de salud en negociación con el gobierno están confrontados a la disminución de sus ingresos, los médicos, han obtenido aumentos exorbitantes bajo la excusa que deben aparejar sus ingresos a los del resto de Canadá.

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